El sistema de la dependencia registró un exceso de 21.621 muertes en marzo y abril de este año. Son personas que recibían un servicio o prestación contemplados en la ley. La información corresponde a un análisis del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Lo que se desconoce es cuántas de estas muertes están directa o indirectamente relacionadas con la covid-19, pero suponen casi el doble de las esperadas en una situación normal para este periodo, según la media histórica desde 2017. Estas cifras, solo de dos meses, constituyen casi la mitad de toda la sobremortalidad contabilizada para marzo, abril y mayo en el conjunto del país por el Sistema de Monitorización de Muertes, del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, que la situó en 44.030.
El informe del Imserso, elaborado con cifras del sistema de atención a la dependencia que se han cruzado con datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Justicia, aún no recoge la sobremortalidad durante todo el estado de alarma. Faltan los datos de mayo. Pero sí revela que las personas dependientes, especialmente vulnerables porque necesitan ayuda en mayor o menor grado para su vida diaria, se han visto particularmente afectadas en la pandemia. En España, 1,1 millones de personas reciben alguna prestación o servicio y cerca de 254.000 están en lista de espera. Otras 150.000 aguardan a saber si tienen derecho a ello. La mitad de quienes solicitan esta ayuda ha superado los 80 años. Casi tres de cada cuatro han cumplido los 65.
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El Imserso estudia tanto la sobremortalidad de las personas que han registrado una solicitud de asistencia o económica, entre quienes se encuentran también los que están en lista de espera, como la de quienes sí reciben una prestación o servicio, desde una ayuda para pagar a un cuidador familiar hasta un centro de día o una residencia. La sobremortalidad entre los solicitantes fue de 25.791, un 75% más de lo normal para ese periodo.
Más financiación
Los datos se entregaron a las comunidades en una reunión técnica entre el Ministerio de Derechos Sociales y las autonomías mantenida este jueves en la que se estableció que tendrán reuniones periódicas para analizar el impacto de la covid-19 en residencias y las buenas prácticas, así como el modelo residencial. Fuentes del ministerio no precisan la periodicidad de los encuentros y explican que se contará con la visión de expertos, aunque no de forma permanente, sino al estilo de la comisión de reconstrucción del Congreso. Fuentes autonómicas consultadas manifiestan su “profundo malestar” porque no se haya aportado información específica sobre las residencias, uno de los grandes focos de contagio, ni se haya hablado de financiación para estos centros o para la ley de dependencia, ya lastrada por los recortes, que además ha experimentado un retroceso durante la pandemia.
En el análisis sí se detalla la sobremortalidad por tipo de prestación, entre ellas, las residencias. Pero los datos conciernen únicamente a las plazas públicas o concertadas adjudicadas a través de esta ley. Según las últimas cifras oficiales, son 157.000 plazas. Sin embargo, en toda España hay un total de casi 373.000, independientemente de su titularidad, según un estudio reciente del CSIC.
Las prestaciones con más sobremortalidad fueron la económica vinculada al servicio —una cantidad para pagar parte del servicio que quieran, el resto lo ponen de su bolsillo—. Tuvieron un exceso de mortalidad del 197%, con 7.614 más de lo esperado. Muchas de estas prestaciones son para residencias. Siguen precisamente estos centros, con una sobremortalidad del 175%, con 9.107 más de las esperadas. De ellas, 2.842 en Madrid y 2.257 en Cataluña. La sobremortalidad de quienes iban a centros de día —que han permanecido cerrados durante esta crisis, por lo que los usuarios han estado en sus casas— se dobló, con un millar de decesos más de lo previsible.
Las comunidades autónomas más golpeadas fueron proporcionalmente Madrid, donde el exceso de muertes entre las personas atendidas se situó en 7.204, cerca de tres veces más que lo esperado; y Castilla-La Mancha, donde fallecieron 2.868 personas más de lo previsible (casi dos veces y media más). Navarra (con 411 decesos más), Cataluña (3.763 muertes más) y Castilla y León (2.116 decesos más) fueron tres autonomías en que hubo más del doble de muertes de las esperadas en este periodo. Las comunidades con menos incidencia fueron Murcia (una sobremortalidad de 81 personas, el 13%), La Rioja (22 personas, el 14,7%) y Asturias (142 personas, el 26%).
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Autor/a: María Sosa Troya
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