El Tribunal Constitucional: entre el Derecho y el no Derecho | Opinión

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional proporciona más argumentos para establecer diferencias entre los dos tercios nombrados por el Congreso y el Senado y los que le corresponden al Gobierno y el Consejo. Los candidatos propuestos por ambas Cámaras deben comparecer ante las respectivas Comisiones de Justicia. Requisito que no tienen que cumplir los designados por el Gobierno y el Consejo. Por otro lado, la ley orgánica penaliza los retrasos en la renovación por tercios. El tiempo perdido se descuenta de la duración del mandato de nueve años. La pregunta es obligada ¿Deben sufrir los dos Magistrados nombrados de manera inmediata por el Gobierno, el previsible e inevitable retraso en lograr un acuerdo en el Consejo del Poder Judicial?

No existe ninguna norma que imponga que la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Gobierno y al Consejo se haga conjuntamente. La inacción de uno de los dos órganos no puede paralizar o hacer inefectivas las decisiones autónomas del otro. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional otorga al Tribunal en Pleno, la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional. Esta norma solo permite revisar si se han cumplido los trámites que exigen los Reglamentos del Congreso y el Senado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley del Gobierno. Cualquier otra atribución de competencias en esta materia vulnera la interpretación de las leyes que impone del Título Preliminar del Código Civil. Es obligado respetar el sentido literal de las palabras que se incluyen en las normas que se pretende aplicar, en relación, en todo caso, con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social, atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de aquéllas. Así se ha procedido en todos los casos en los que ha llevado a cabo una renovación de la composición del Tribunal Constitucional. No caben manipulaciones ni artificios interpretativos con el solo objetivo de privar al Gobierno, sea cual sea su signo ideológico, de la facultad autónoma e indeclinable de nombrar a dos de sus magistrados.

Para interpretar adecuadamente el sentido que hay que dar al nombramiento del tercio que corresponde al Gobierno y al Consejo, creo que presta una inestimable ayuda la Disposición Transitoria primera. 2 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional en la que se autorizó la posibilidad de constituir válidamente el Tribunal, si se conseguía el nombramiento de ocho magistrados que, como es lógico, correspondían al Congreso y al Senado. Lo que añade a continuación me parece definitivo para rechazar la manipulación interpretativa que ahora propone la mayoría de los magistrados: cualquiera que sea la razón que motive la falta de nombramiento de la totalidad de los magistrados previstos en esta ley.

El actual presidente del Tribunal Constitucional Pedro Gonzalez-Trevijano, en lugar de filtrar mensajes cifrados a los medios de comunicación, tiene la obligación de informar oficialmente a la opinión pública en que preceptos se basa para interpretar la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el sentido que, al parecer, propugna. Él y sus afines participan en una operación cuyos objetivos, son cada vez más claros. Conscientes de la política del Partido Popular de bloquear a perpetuidad la renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta que se convoquen nuevas elecciones, pretenden coadyuvar a estos designios, paralizando, a su vez, la potestad constitucional del Gobierno para nombrar a sus dos candidatos. Si la maniobra prospera el Gobierno no podrá ejercitar sus potestades constitucionales

En el caso de que se consume el desatino de utilizar el Pleno del Tribunal para consumar el despojo efectivo de la posibilidad del Gobierno de turno para designar autónomamente los dos magistrados que le corresponden, asistiremos a un episodio más de la peligrosa participación de los tribunales, en este caso, del Tribunal Constitucional, en las guerras políticas que deben quedar al margen de sus estrictas funciones jurisdiccionales. Antes de que se haga efectiva esta confabulación, existen resortes para abortarla. El presidente del Tribunal constitucional y el magistrado Narváez son los llamados a dejar sus puestos. Su participación y votación en el Pleno a favor de la tesis Fuenteovejuna, es decir todos a una, Gobierno y Consejo, están clamorosamente viciadas por concurrir una causa de abstención que también rige para los magistrados del constitucional. Tienen un interés directo y personal en permanecer en sus cargos y al parecer e indirectamente, un deseo sospechoso de contribuir a las maniobras políticas del Partido Popular.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional les recuerda que deben ejercer su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma. No me parece temerario intuir que ambos magistrados no se pueden sustraer al impacto que la decisión que propugnan produce en su ámbito personal, en la credibilidad del tribunal y en la esfera política. Las normas que resguardan la necesaria independencia e imparcialidad de los tribunales consideran como una falta disciplinaria muy grave, la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas, es decir interés directo o indirecto en la cuestión se somete a debate. En estas condiciones, no considero muy digno participar en una maniobra de hondo calado político que además rompe con las tradiciones y los antecedentes jurisprudenciales que se venían observando en las anteriores renovaciones del Tribunal Constitucional.