La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) solicita la puesta en marcha de un paquete de medidas para incentivar la demanda turística con la idea de “salvar el turismo” y la temporada de verano.
En un informe publicado por el grupo de trabajo mixto Covid-19, en cuya elaboración han participado economistas y expertos ligados al mundo empresarial, se aboga por la creación de un Imserso a nivel europeo para ayudar a contrarrestar la caída de ventas motivada por el temor al contagio y la crisis económica derivada de la pandemia. Paralelamente, se sugiere que se estudie la posibilidad de lanzar incentivos como bonos vacacionales, medida ya adoptada en Italia y demandada por algunos partidos políticos españoles.
Fedea considera fundamental promover campañas dirigidas a recuperar la imagen de España como país seguro y de acogida, intentando que sea visto como un destino refugio. Asimismo, apuesta por aprovechar las redes institucionales en el extranjero (embajadas, cámaras de comercio, red de directivos, etc.) para lograr este objetivo.
La fundación, que entiende que las medidas adoptadas hasta el momento por las Administraciones públicas son totalmente insuficientes, advierte que si se pierde la temporada de verano, “el sector entraría en una espiral de concursos de acreedores y cierres de centenares de empresas, con dos efectos muy perniciosos”. “El primero, la aceleración de una importante pérdida de puestos de trabajo, y el segundo, la desaparición de una parte del sector turístico muy ligado al buen hacer de muchas pymes que ofrecen alternativas familiares de calidad, tradición y esmero”, añade.
Fedea también incide en la importancia de adoptar medidas de alivio para los empresarios del sector turístico. En materia de ERTE, pide que se lleven los de fuerza mayor “al menos hasta final de 2020”. Además, alerta que “el impreciso plan de Gobierno español relativo al turismo se ha quedado muy corto”.
De los 4.262 millones de euros anunciados por el Ejecutivo central, “el 93% son créditos con obligación de reintegro, entre ellos 2.500 millones de euros avalados por el Instituto de Crédito Oficial, cuando existe la necesidad de ayudas directas a las que el plan solo destina 275 millones, una parte de los cuales están condicionados a campañas y actividades previamente comprometidas”. “Esto es insuficiente para mantener empresas y empleos en estos momentos de grave crisis”, concluye.
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Autor/a: Miguel Praga
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